La gran revolución olvidada del 25 de Abril

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En esta ocasión nos complace acercar el artículo A grande revoluçao esquecida do 25 de Abril redactado por Fernanda Câncio y publicado el pasado 25 de abril por el periódico Diario de Noticias, uno de los de mayor tirada de Portugal, en conmemoración de esa fecha tan señalada para el país vecino como es el 25 de Abril. Este escrito se centra en el papel y los derechos de la mujer en aquel Portugal de mediados de los 70.

 

En el régimen depuesto en 1974, ninguna ley distinguía entre blancos, negro o sujetos de cualquier otra etnia. Sin embargo, las mujeres tenían un estatuto de semipersonas.

“¿Qué sé del estatuto de la mujer antes del 25 de Abril? Lo que me viene a la mente es la mujer subalterna, siempre en casa. El marido es el que cuenta. Muy pocas mujeres con estudios superiores … y derecho a voto, no sé, pero creo que las mujeres solo pudieron votar después de 1974” Carolina Nogueira, 18 años, se encuentra cursando el primer año de Derecho en la Universidad de Lisboa. Haciendo memoria, poco aprendió en secundaria acerca del asunto. “Algo tuvimos que ver, pero muy por encima. Clichés como el de no tener derecho a voto, pero poco más”.

Y no sería poco, si fuese solo eso: las mujeres obtuvieron el derecho de voto universal en las elecciones posteriores al 25 de Abril, en 1975. AL contrario que los hombres, que desde 1945 podían votar, aun siendo analfabetos, ellas solo tenían acceso a las urnas con el equivalente al liceo (lo que en Portugal hoy es la escolaridad mínima obligatoria, hasta el final del secundario), si eran “jefes de familia” (por viudedad o ausencia del marido) o aquellas que tuvieran “idoneidad moral” (¿a quién compete certificar tal cualidad?). Aquella “instruidas” que se casaban con un marido con capacidad electoral, perdían el derecho de voto.

Pero hay mucho más de lo que Carolina, por lo visto, nunca supo. Ni en la escuela, ni por ahora, por nadie. De ahí que se quede sin habla cuando descubre que hasta 1975 el Código Penal portugués consagraba los “crímenes de honra”, permitiendo que un marido o padre matase a la mujer adúltera o a las hijas menores de 21 años “corrompidas”, sin más castigo que seis meses de destierro de la región (en la misma pena incurría la mujer que matase al marido y/o amante, únicamente en el caso de que encontrasen en la casa familiar). “Es chocante. Y muy extraño que nunca nos hayan hablado de eso. Es un poco repugnante que hasta hace tan poco tiempo una cosa de esas existiese en la ley. Me hubiera gustado saberlo antes, era importante para mí. Si no se habla de eso por desvalorización, es muy grave”.

Prostituir a la esposa era causa de multa

En este curso está estudiando el Código Civil, pero todavía no llego a la parte de la familia, donde se concentran las alteraciones más relevantes en lo que concierne a las mujeres. “Varios de los profesores llaman la atención sobre el hecho de que el código vigente sea mayoritariamente el de 1966, hecho en tiempo de Salazar, y que no tenga ningún error.” Una forma de verlo. El Código Civil de 1966 establecía por ejemplo que los maridos tenían el derecho de abrir la correspondencia de las mujeres (el equivalente actual, sería tener acceso obligatorio a la contraseña del ordenador y del teléfono para poder fisgonear sin problemas), norma que desapareció en 1976; ese mismo Código indicaba que el hombre el “jefe de familia”. Lejos de ser solo un título, esta certificación legal, que desapareció en 1978, significaba que los maridos detentaban la autoridad sobre las mujeres y sus bienes, los cuales podían administrar a su entender, así como también sobre los hijos. Dependía de ellos autorizar que las esposas tuviesen determinadas actividades profesionales (como por ejemplo el comercio) y decidir unilateralmente sobre la educación de la progenie; la mujer tenía apenas el derecho “de ser oída”, correspondiéndole por ley “el gobierno doméstico”.

Estaba igualmente establecido en el Código Civil que “la falta de virginidad de la mujer al momento del casamiento” podía ser motivo de anulación (la experiencia sexual previa del novio solo podría implicar anulación si se probaban “prendas deshonrosas antes del casamiento”). Se decretaba que la mujer debía “adoptar la residencia del marido”, excepto si se le reconocía “repugnancia justificada a la vida en común, por causa de malos tratos” o “comportamiento indigno o inmoral” por su parte. Los “hijos ilegítimos” – concepto abolido en la democracia – eran un capítulo entero.

En el Código Penal, si bien el adulterio dejo de ser un crimen en 1973 (hasta entonces era castigado con pena de prisión, de 2 a 8 años, en el caso de la mujer; en el caso del hombre solo suponía una multa, en caso de que este hubiera introducido a la amante en la “casa conyugal”), subsistió hasta la Revolución de los Claveles no solo la señalada atenuación de pena de homicidio sino una pena especialmente blanda para el lenocinio cuando se trataba de un marido a la hora de prostituir a la mujer, siendo esta de destierro, multa y pérdida de los “derechos políticos por un período de 12 años”.

Prohibición de casamiento y de juzgar

Escándalos que Carolina irá a buscar en los libros, ahora que conoce de su existencia. La historiadora Irene Pimentel, de 65 años, está acostumbrada a encontrarse con esta ignorancia cuando va a las escuelas a hablar sobre el Nuevo Estado. “Los chicos no saben prácticamente nada, pero tienen una enorme curiosidad. Fundamentalmente ellas, se nota muchos más la curiosidad de ellas. Abren la boca en cuanto hablo” – se ríe – “Lo que más les choca es que los maridos tuviesen que dar autorización a las mujeres para que ellas pudieran salir del país. Eso solo cambió con el marcelismo – de Caetano Marcelo, sucesor de Salazar como Presidente del Consejo o Primer Ministro –, en 1969, y por causa de la emigración”. Es una de las alteraciones previas al 25 de Abril, como la efectuada en el texto de la Ley Fundamental. “En la Constitución de 1933 se afirmaba que no había distinción entre las personas en función del sexo, para a renglón seguido señalar “salvo, en cuanto a la mujer, las diferencias resultantes de su naturaleza y del bien de la familia”. La parte de la naturaleza desapareció en la revisión de 1972, quedando solo el bien de la familia”, comenta la historiadora. “El hecho que lo hizo cambiar, fue la llegada de una mujer a la subsecretaría de Estado. Fue la primera mujer en el gobierno”.

Otras normas discriminatorias – la de la prohibición de casamiento de las telefonistas, enfermeras, azafatas de TAP (compañía de bandera portugués, privatizada en esta crisis) y funcionarias del Ministerio de Negocios Extranjeros, así como la necesidad de autorización especial que necesitaban las profesoras -en vigor desde finales de los años 30 hasta la década de los 60, siendo la última prohibición derogada, la de las enfermeras de los hospitales civiles en 1963, después de acalorados debates en la Asamblea Nacional. “No se comprende porque las enfermeras no podían casarse, ya que las médicas si podían”, comenta Irene Pimentel, que recuerda otra norma modificada todavía bajo el régimen de Salazar: “Mi madre es suiza, cuando se casó con mi padre, portugués, perdió su nacionalidad. Eso solo dejó de suceder en 1959”. Comenta que la madre no tuvo problemas, porque en ese periodo siempre viajó con el marido. Sin embargo, tal como sucede hoy día, la mayoría ignora la dimensión en intensidad de la discriminación que vivían las mujeres antes de la democracia, en la época la gente no era consciente de las desigualdades establecidas. Desde luego porque no eran denunciadas públicamente; y porque la inferioridad con respecto al hombre era aceptada sin cuestionamientos por muchas mujeres, aun en aquellas que se enfrentaban directamente con una parte de las normas, como, por ejemplo, la prohibición de acceso a las carreras de la magistratura y la diplomacia, que desapareció en 1974. Tenían consciencia fundamentalmente aquellas que, a pesar de sus conocimientos, eran barridas.

Portuguesas de segunda

Irene Pimentel suspira “se ha de resaltar que el estatuto de “portugués de segunda”, impuesto a los portugueses nacidos en las colonias, así como el indigenismo, acabó en los años 50. Sin embargo, las mujeres permanecieron siendo portuguesas de segunda hasta 1976”. Y 40 años no son nada, subraya. “Es espantoso como la memoria y el debate acerca de este asunto no existe. Porque no hay nada comparable, en términos históricos, a la discriminación sobre las mujeres, que hasta son la mayoría de la población. Y este silencio sobre la brutal realidad de discriminación también explica que se reaccione tan mal a la palabra feminismo. Como si no tuviese sentido”. Concluye “sin duda que la gran revolución del 25 de Abril es un cambio en el estatuto de la mujer en términos jurídicos. Lo que, claro está, no significa lo mismo en la práctica”.

 

La historia de Portugal no ha de distar mucho de la del resto de países, los avances alcanzados en la conquista de derechos, no entraré a evaluar el grado de estos, han de ser tenidos en cuenta. Sin embargo, venimos de muy atrás y aún queda un enorme camino por delante. Las sociedades actuales a lo largo y ancho del orbe, siguen dando claras muestras de discriminación por motivo de género y distan mucho de ser igualitarias. Es por ello que el feminismo y su lucha en pos de la igualdad, no solo está vigente y no ha de ser denigrado, sino que ha de ser parte inherente de cualquier lucha.

 

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