México y la liberalización de la industria petrolera

Pemexs

En julio de 2012 Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México (coalición del PRI -Partido Revolucionario Institucional- y del PVEM -Partido Verde Ecologista de México-) ganó las elecciones federales. Cargo del que tomó posesión en diciembre del ese mismo año, como es norma en México; después de haber sido ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras la impugnación que se presentó al proceso electoral por parte de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición Movimiento progresista (unión del PRD –Partido de la Revolución Democrática-; el PT –Partido de los Trabajadores- y Movimiento Ciudadano).

Al día siguiente de la toma de posesión[1] se firma el conocido como Pacto por México, del que son firmantes los tres principales partidos mexicanos PRI, PRD y PAN (Partido Acción Nacional) y al que también se sumaron los verdes. Este pacto es un programa que  lleva una serie de reformas propuestas en un inicio por el PRI y al que a posteriori se unieron los otros partidos. Entre ellas están dos de las que más polémica  están levantando, la educativa y la del petróleo.

Esta última es la que centrará la atención de este escrito. Si bien, para comprender en profundidad este asunto, primero es necesario saber lo que significa para el pueblo mexicano el petróleo (léase para ello el post Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo). Conociendo entonces su historia, se comprende que cerca del 70% de la población mexicana, como aseveran los datos del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas)[2] estén en contra de la liberalización del petróleo, no opinan lo mismo sus líderes donde esa idea baja al 40%. Para México el petróleo no es solo motivo energético sino parte de su orgullo patrio, de su sentir mexicano.   

Pues bien esta reforma de “privatización limitada”[3] impulsada por el gobierno de Peña Nieto ha encontrado disensiones en el PAN por demasiado corta y en el PRD por demasiado liberal. La reforma pretende pasar del monopolio estatal a un modelo en el cual se abre la baraja al capital privado, en mayor o menor medida, por lo que Pemex (Petróleos Mexicanos) entraría a competir de manera directa con grandes empresas del sector (Exxon, Chevron, Shell, etc.) en refino, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de petróleo y derivados. Reservándose la exclusividad de la exploración y extracción.

Los modelos a escala mundial son numerosos, pero hay un punto clave: si el país tiene recursos propios o no. Centrándonos en aquellos países con recursos, como el caso que nos atañe, existen dos extremos; el primero, donde el estado no intervienen para nada y lo deja todo a la libertad del mercado, caso de EEUU, o segundo,  como es  el caso de México donde el estado lo controla absolutamente todo. Entre estas dos opciones, hay una amplia gama de posibilidades: con monopolio gubernamental, con participación privada, por medio de contratos de riesgo; con empresa gubernamental, con o sin participación de capital privado, compitiendo con otras empresas, gubernamentales o privadas; con empresas privadas, que puede ser una (monopolio) o varias (competencia), concesionadas por el gobierno, a cambio del pago de una renta petrolera.

La otra clave está en la renta petrolera. Es decir el beneficio que el Estado saca de la explotación de los recursos y cómo es redistribuido posteriormente. En el caso de México la renta paga gran parte de los servicios sociales, sanidad y educación y sirve para subvencionar el combustible, teniendo este un precio bajo en comparación con otros países (menos de 1 U$D o 0,8 €).

Pero como siempre sucede, el tipo de modelo y el uso de la renta dependen exclusivamente del gobierno y las intenciones de éste. No es válido el argumento tan manido de una parte del espectro político de que la gestión privada es más eficiente y mejor; esos excelsos gestores pueden trabajar para el sector público, desarrollando, manteniendo y haciendo eficientes esas empresas. La buena gestión de una compañía no tiene que ver con quien sea el beneficiario de la plusvalía, por más que se quiera establecer una relación directa.

Con esto no se quiere decir que el único modelo aceptable sea el monopolio, ahí está el ejemplo de Noruega. Este país ha permitido la entrada a más de 30 empresas en el ámbito petrolífero; si bien, mantiene un número elevado de empresas públicas en todos los tramos de la industria petrolífera (refino, transporte, almacenamiento, etc.) y cobra altos impuestos a todas aquellas empresas que quieran explotar sus recursos. Teniendo una alta renta que redistribuye entre su población.

Lo que no es de recibo es que la renta petrolera, al igual que los beneficios provenientes de los recursos naturales,  que ha de ir en beneficio de los ciudadanos del país donde se encuentran, se vaya a las cuentas de las grandes multinacionales. Estas se han visto beneficiadas durante décadas y aún en la actualidad por las deudas que contraían los países pobres y no tan pobres, que intentando pagar lo adeudado malvendían sus empresas públicas y dejaban en manos extranjeras sus recursos naturales. No es casualidad que esta ruinosa e ilógica forma de pago haya sido la aconsejada por “organismos internacionales” tales como el FMI, afincados en los países ricos, precisamente de donde provienen esas multinacionales.

Sectores claves para la economía de un país (energía, agua, telecomunicaciones, banca, etc.) no deberían verse sometidos a los libres designios del mercado y su especulación. Los beneficios de estos sectores claves han de revertir en el propietario del bien, que ha de ser el Estado o la fórmula que un pueblo quiera darse, para que revierta en sí.

Las últimas noticias, señalan que tras la salida del PRD del Pacto por México, las posturas en cuanto a la reforma energética se acercan más a la postura del PAN y se privatizaría también la explotación, como informaba el pasado domingo día 1 de diciembre el diario La Jornada[4] en el artículo escrito por Israel Rodríguez Jr. “Busca Peña libertad para que la IP pueda sacar el crudo del país

 


[1] México es una república de carácter presidencialista, similar a EEUU o Francia. Los mandatos son sexenios.

[2] Institución publica dependiente del estado mexicano. Viene realizando desde 2004 estudios acerca México y su política exterior a través de la opinión pública y sus líderes. En el caso que nos atañe; pag. 104 de México, las Américas y el mundo. 2012-2013

[3] Aquí dejamos un artículo de un medio mexicano acerca de la reforma desde la visión gubernamental Los 10 elementos de la reforma energética según Peña Nieto. Al cual se realizó réplica  Puntos Clave de la Propuesta de Reforma Energética de EPN

[4] La Jornada, es un periódico mexicano, cuya línea editorial se encuentra próxima a los planteamientos de la izquierda mexicana. Es uno de los periódicos de mayor tirada.

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